MercoPress. South Atlantic News Agency
Autoridades electorales nicaragüenses prohíben por completo al principal partido de la oposición
Kitty Monterrey tiene doble ciudadanía, lo cual es ilegal en Nicaragua Después de semanas de arrestar a políticos y candidatos individuales, las autoridades nicaragüenses subieron el viernes su apuesta y optaron por prohibir por completo al principal partido de oposición.
El Consejo Supremo Electoral (CSE) descalificó a Ciudadanos por la Libertad (CxL), que representaba un desafío al presidente Daniel Ortega en las elecciones del 7 de noviembre.
El CSE, bajo el control del sandinismo gobernante, también despojó a la presidenta de CxL, Carmella Rogers Amburn, de su cédula de identidad, al notificarle la decisión “de cancelar la personalidad jurídica del partido político Ciudadanos por la Libertad (CxL)”.
El fallo deja a CxL fuera de carrera para postularse en noviembre, lo cual despejando el camino para que Ortega, de 75 años, acceda a un cuarto mandato consecutivo.
El CSE dictó el fallo a petición del derechista Partido Liberal Constitucionalista (PLC), la segunda fuerza parlamentaria del país, que ha estado colaborando con el oficialismo del exlíder guerrillero que derrocó al dictador Anastasio Somoza en 1979.
Según el PLC, Carmella Rogers Amburn, políticamente conocida como Kitty Monterrey, “tiene doble nacionalidad (estadounidense y nicaragüense), [lo cual es] una notoria violación de la ley” y por lo tanto toda acción emprendida por CxL debe ser declarada nula.
Según María Haydeé Osuna del PLC, CxL cometió “constantes violaciones a la Ley Electoral” porque “incumplió obligaciones” y porque su presidenta, Kitty Monterrey, tiene doble nacionalidad (estadounidense-nicaragüense).
El gobernante Frente Sandinista (FSLN) ya anunció la candidatura de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, a un cuarto mandato consecutivo en las elecciones del 7 de noviembre. “Estamos aquí para continuar la lucha contra la pobreza”, había dicho Murillo.
La Unión Europea (UE) ha sancionado a Murillo, a su hijo Juan Carlos y otros seis funcionarios gubernamentales con restricciones migratorias y financieras por su responsabilidad en las “graves violaciones de derechos humanos” en Nicaragua.
La medida se suma a otras tomadas por Estados Unidos y Canadá contra funcionarios del gobierno de Ortega, en protesta por la represión contra opositores políticos desde la revuelta de 2018.
