MercoPress. South Atlantic News Agency
Gobierno de Nicaragua arresta a otro candidato presidencial
Con el “imperio no hay espacio para la negociación”, insistió Ortega. El régimen nicaragüense del ex líder guerrillero sandinista Daniel Ortega ha puesto al candidato presidencial de derecha Noel José Vidaurre Argüello bajo arresto domiciliario por presunta traición.
Vidaurre, de 66 años, se convirtió este sábado en el séptimo candidato a la presidencia y el vigésimo octavo opositor político en ser excluido judicialmente de participar en las elecciones del 7 de noviembre.
Varios otros políticos detenidos se encuentran recluidos en la prisión de El Chipote, una instalación considerada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como un centro de tortura.
El jefe de policía Francisco Días -suegro de Ortega- explicó que se inició una investigación contra Vidaurre, del partido opositor Alianza Ciudadana por la Libertad. El comentarista político Jaime José Arellano Arana también fue detenido este fin de semana y, al igual que Vidaurre, se encuentra bajo arresto domiciliario.
Vidaurre y Arellano están siendo investigados por presuntamente realizar actos que atentan contra la independencia, soberanía y autodeterminación de Nicaragua, además de incitar a injerencias extranjeras en los asuntos internos y solicitar intervenciones militares o el financiamiento exterior de actos de terrorismo y desestabilización.
El gobierno nicaragüense afirma que los imputados “exigieron, exaltaron, aplaudieron la imposición de sanciones contra el Estado y sus ciudadanos y atentaron contra los intereses supremos de la nación”.
Las autoridades nicaragüenses ya arrestaron a los opositores Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora y Medardo Mairena. Todos son procesados e investigados por presunta traición.
Daniel Ortega lleva 14 años en el poder y ha impulsado varias reformas para no dejar el cargo.
Los delitos que se imputan a los líderes opositores se basan en la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, aprobada apresuradamente por la Asamblea Nacional en diciembre del año pasado para permitir a las autoridades clasificar a los traidores a la patria y consecuentemente descalificarlos para postularse a cargos públicos.
Las solicitudes para la presidencia deben registrarse dentro del plazo establecido entre el 28 de julio y el 2 de agosto. En Nicaragua, quien sea investigado o arrestado, no es elegible para cargos electivos.
Ortega, de 75 años, no ha anunciado oficialmente que buscará la reelección, pero se espera que lidere la boleta del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN-izquierda). Ortega es un exlíder guerrillero que gobernó entre 1979 y 1990, regresó al poder en 2007 y fue reelegido dos veces seguidas en medio de acusaciones de fraude de la oposición. Ortega co-gobierna Nicaragua con su poderosa esposa y actual vicepresidenta Rosario Murillo.
En mayo pasado, la Policía de Nicaragua allanó la sede de la revista Confidencial e incluso arrestó a corresponsales extranjeros. No se cree que el presidente de 75 años esté dispuesto a dejar el poder.
Mientras tanto, Ortega ha vuelto a acusar a Estados Unidos de querer “boicotear” las elecciones nicaragüenses. “El imperio no quiere elecciones en Nicaragua, el imperio quiere boicotear, volver a sembrar el terrorismo en nuestro país, pero si Dios quiere vamos a hacer esas elecciones” y “la gente saldrá a votar”, dijo Ortega. El presidente calificó las elecciones del 7 de noviembre como “un paso más en la batalla por nuestra segunda independencia”.
“Vinieron los yanquis y dijeron América para los estadounidenses y empezaron a dominar nuestros países. Y los países que no permitían ser dominados fueron invadidos o se dieron golpes de Estado”, recordó. Ortega afirmó que cuando los candidatos de Washington no ganan una elección “hacen todo lo posible para desestabilizar el país, como lo han hecho en Cuba, Venezuela, Bolivia y en el pasado en Brasil”.
Más de una treintena de funcionarios y familiares de Ortega han sido sancionados por Washington por corrupción y violación de derechos humanos desde 2018, cuando el país fue sacudido por fuertes protestas, cuya represión dejó más de 300 muertos. Ortega dijo que esos eventos fueron un golpe fallido respaldado por Estados Unidos, luego etiquetó a sus oponentes de “terroristas” y posteriormente ignoró las críticas internacionales.
Con el ”imperio no hay lugar para la negociación ni el entendimiento (...) el yanqui no comprende, se cree dueño del mundo ...”.
