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Violencia presente en acto y pensamiento durante el fin de semana en toda Colombia

Lunes, 5 de julio de 2021 - 09:35 UTC
El ministro Molano quiere que la gente sepa la diferencia entre manifestaciones pacíficas y actos de violencia El ministro Molano quiere que la gente sepa la diferencia entre manifestaciones pacíficas y actos de violencia

La violencia estuvo presente durante el fin de semana en toda Colombia ya sea como un hecho o como tema de debate.

La comunidad LGTBIQ + celebró el mes del orgullo pero lamentó sus 110 víctimas anuales de asesinato. El Gobierno anunció un proyecto de ley contra el vandalismo y se produjeron asesinatos vinculados a la guerrilla en el Cauca.

Decenas de multitudes coloridas marcharon por las calles de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y otras ciudades colombianas para celebrar el mes del orgullo y defender los derechos de la comunidad LGTBIQ + (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales y queer).

Mientras tanto, el gobierno colombiano anunció que se presentará un proyecto de ley antivandálica ante la nueva legislatura, que comienza este 20 de julio venidero. El ministro de Defensa, Diego Molano, destacó en una entrevista radial que lo importante era que tal proyecto “será debatido amplia y democráticamente ”para que la sociedad pueda diferenciar entre una“ protesta pacífica” y la simple destrucción.

Marcela Sánchez, directora de la fundación Colombia Diversa, afirmó que aunque se han logrado algunos avances, la comunidad LGBTIQ+ todavía sufre unos 110 asesinatos anuales. Sánchez denunció que se asesina a más homosexuales que sindicalistas o periodistas y que hay una alto subregistro de este tipo de hechos. “El Estado no le pone la lupa. Debe prevenirse la violencia. ¡Cualquier tipo de violencia!“, señaló.

Sin embargo, Colombia es uno de los países con políticas más abiertas hacia la homosexualidad, sin restricciones al matrimonio, adopción o servicio militar. En noviembre de 2015, la Corte Constitucional de Colombia aprobó la adopción homosexual y en abril de 2016 también aceptó el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, las denuncias relacionadas con la violación de los derechos de estas personas suelen salir a la luz.

El proyecto de ley contra el vandalismo se produjo después de meses de malestar social y político con enfrentamientos, una fuerte represión policial y un número creciente de muertes a manos de agentes del orden, con más de 60 víctimas fatales.

Molano insistió en que la destrucción del “sistema de transporte público, establecimientos comerciales y en monumentos” no tienen nada que ver con manifestaciones pacíficas y ahí es done entra la “ley antivandálica”.

Comenzaron las marchas por una reforma tributaria que finalmente fue retirada, pero se intensificó contra la militarización de las calles, exigiendo una reforma policial y más ayuda del Estado para enfrentar las penurias económicas de la pandemia.

La ONG Human Rights Watch ha acusado a la policía de estar involucrada en al menos 20 homicidios, en 16 de los cuales los agentes dispararon sus armas con la intención de ”matar”.

Y este domingo, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunció el asesinato de tres jóvenes en el departamento colombiano del Cauca en lo que sería la masacre número 47 en lo que va de año.

La Defensoría del Pueblo emitió una alerta y advirtió de la presencia de organizaciones armadas, guerrilleras y paramilitares, como facciones residuales de la GAO, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el ELN. Estos asesinatos se suman al del líder indígena Luis Picasio Carampaima del resguardo Catrú, en Chocó, quien fue decapitado.

Indepaz señaló directamente a AGC, una organización armada ilegal dedicada a combatir a la guerrilla.

La organización explicó que con Picasio ya hay 84 líderes sociales asesinados en 2021 y 1.200 muertos desde la firma del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en 2016.

Tanto organizaciones civiles, como Indepaz, la ONU y partidos de oposición han pedido reiteradamente al Gobierno que brinde garantías a los líderes sociales y exguerrilleros desmovilizados que trabajan en las zonas más remotas del país para hacer cumplir el acuerdo.

Categorías: Política, América Latina.