Una solicitud para destituir al presidente Jair Bolsonaro fue presentada el miércoles en la Cámara de Diputados de Brasil por partidos políticos, movimientos sociales y organizaciones de oposición.
La nueva iniciativa recibió el nombre de “super solicitud” porque unifica los argumentos ya expuestos en los más de 120 expedientes similares contra el Presidente, acusado de 23 delitos.
El nuevo documento consta de 271 páginas y ha sido avalado por políticos del Partido de los Trabajadores (PT) así como por Socialistas y Comunistas, así como por la Central de Movimientos Populares (CMP), el Frente Popular Brasil, la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia y la Coalición Negra por los Derechos.
Incluso exaliados de Bolsonaro como los legisladores conservadores Alexandre Frota, del Partido Socialdemócrata Brasileño, y Joice Hasselmann, del Partido Social Liberal, han firmado la petición.
Según el líder de la oposición, Alessandro Molon, esta será la mayor solicitud de juicio político presentada en tiempos de pandemia. “Es la más completa, tanto por la enumeración de los delitos cometidos por el Presidente de la República -desde los más antiguos hasta los más recientes- como por la cantidad de signatarios, de los más diversos cargos políticos”, dijo Molon.
Algunos de los cargos contra Bolsonaro incluyen alentar a los militares a no cumplir con la ley, la incitación al golpe de Estado con posiciones favorables al cierre de la Corte Suprema y el Congreso Nacional, y la apología de la tortura, junto con el aliento de la opinión pública a pronunciarse contra el aislamiento social, la falta de un plan para combatir el virus SARS-CoV-2 y también mentir para obtener ganancias políticas.
Entre los argumentos está, además, la supuesta corrupción de Bolsonaro en el contrato de compra de Covaxin, la vacuna india contra covid-19.
El coordinador nacional de la CMP, Raimundo Bonfim, destacó que es un pedido de la calle. Por eso se presentó precisamente al calor y al clamor por la preservación de la vida, con el apoyo de las grandes movilizaciones del 29 de mayo y el 19 de junio. “No podemos esperar a que la gente muera de covid-19 o se muera de hambre. Bolsonaro tiene que irse ahora”, dijo.
El jurista Mauro Menezes dijo que la súper solicitud va más allá de la cuestión del juicio político y advirtió: Está claro que estamos frente al fascismo, una fuerza política considerable.
Ahora le corresponde al presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, iniciar el proceso. Pero Lira es un bolsonarista de línea dura que ha estado eludido una solicitud de juicio político tras otra.
Queremos un país con decencia y que enfrente la pandemia, dijo Hasselman, del Partido Social Liberal, el mismo por el que Bolsonaro llegó al poder en 2018.
La congresista Kim Kataguiri, también ex aliada de Bolsonaro, famosa por ser una ultraliberal o 'libertaria' que encabezó manifestaciones contra Dilma Rousseff en 2015 y 2016, defendió la ”unión para eliminar uno de los mayores males de la historia de Brasil por su negligencia criminal que provocó más de 500.000 muertes al negar la pandemia”.
Gleisi Hoffmann, presidenta del opositor Partido de los Trabajadores (PT) del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, favorito en las encuestas para derrotar a Bolsonaro en las próximas elecciones, dijo: Este gobierno está enconado y royendo el odio y la mentira. Debemos dar Brasil de vuelta al pueblo brasileño.
La super solicitud resume los 123 reclamos de juicio político desde que el presidente asumió el cargo e incluye delitos como genocidio sanitario, homofobia, racismo y los dos últimos escándalos de corrupción.
Firmaron el PT y todos los partidos de izquierda, centroizquierda y algunos dirigentes de derecha, como la ex estrella del porno y ex bolsonarista Alexandre Frota, del Partido Socialdemócrata Brasileño, que apoya la candidatura presidencial del gobernador de San Pablo, Joao Doria.
Esta semana, Lira había dicho que no hay clima para recibir una solicitud de juicio político.
El reclamo contará con el respaldo de una movilización opositora, la tercera en poco más de 35 días, convocada para el próximo sábado en todo el país.
Si se acepta la solicitud de juicio político, el Congreso necesita dos tercios de los votos para destituir a un presidente. Desde el retorno al régimen democrático, dos presidentes han sido seguido ese camino: Fernando Collor de Mello, en 1991, y Dilma Rousseff, en 2016.