El presidente de Chile Sebastián Piñera interpuso el domingo un recurso de inconstitucionalidad para frenar el proyecto que pretende permitir a los chilenos un segundo retiro de ahorros en sus fondos de pensiones y que avanza con fuerza en el Congreso con votos de la oposición y el oficialismo.
La medida fue anunciada por el gobierno en un comunicado y tiene lugar antes de que el proyecto sea votado en la sala del Senado el miércoles y luego que trascendiera en los medios que podría contar con los votos para ser aprobado y convertirse en ley.
La aprobación del proyecto, que permitiría un segundo retiro sin condiciones, se dio el 10 de noviembre en el Congreso de Diputados por una abrumadora mayoría (130 votos a favor de un total de 155 diputados) y se convirtió en un segundo revés político para Piñera en el tema después que su gobierno se opusiera de forma férrea al primer proyecto, que también resultó aprobado por amplia mayoría en julio.
“Todas las autoridades, y en especial el presidente de la República, tienen que ser sensibles con las necesidades de los ciudadanos, y también, responsables con las decisiones que adoptan y sus consecuencias para el futuro, argumentó el gobierno.
Adicionalmente, siempre deben respetar el orden constitucional y el Estado de Derecho. Están intentando escribir una Constitución paralela, a través de proyectos de reforma constitucional que introducen artículos transitorios, sin modificar la actual Constitución”, expuso.
El comunicado menciona que los chilenos se manifestaron el 25 de octubre a favor de la creación de una nueva Carta Magna.
Unos 10 millones de chilenos --más del 90% de los usuarios— pudieron retirar el 10% de sus fondos de jubilación en agosto, de los que casi dos millones quedaron sin ahorros porque tenían poco dinero.
El gobierno argumentó que si se aprueba el segundo proyecto de retiro otros dos millones de cotizantes quedarán sin fondos y en los últimos días ha presentado un proyecto de segundo retiro alternativo para frenar el impulsado por la oposición. La iniciativa del gobierno establece otros plazos y condiciones para retirar los ahorros.
La pandemia y las medidas para contenerla detuvieron la economía, a excepción de las empresas de primera necesidad, y 1,8 millones de personas perdieron sus empleos, 800.000 vieron suspendidos sus contratos laborales y vivieron meses con su seguro de paro. Muchos más, en tanto, vieron disminuidos sus empleos. Según el gobierno, en los últimos meses se han recuperado unos 300.000 puestos de trabajo.
El sistema de pensiones de Chile fue impuesto hace 40 años por la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990) y se basa en la capitalización del ahorro individual, que entrega bajas jubilaciones a la inmensa mayoría de los chilenos. En contraste, las empresas que administran estos fondos —que pertenecen a algunos de los grupos empresariales más importantes del país-- reportan beneficios.
La oposición y ahora una parte importante de los diputados oficialistas estiman que el gobierno debería mantener subsidios para los más necesitados y para el sector más débil de la clase media, al tiempo en que critican que los chilenos debieran usar sus propios ahorros, en forma de la pensiones o el seguro de cesantía, para solventar la crisis. También cuestionan las bajas cuantías de las ayudas otorgadas.
El gobierno, por su parte, insiste en acelerar una reforma de pensiones que fue aprobada hace un año en la Cámara de Diputados y que sigue en trámite en el Senado. También subraya en que durante la pandemia dio ayuda en forma de préstamos y subsidios a 14 millones de chilenos, es decir, a tres de cada cuatro habitantes del país.