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Argentina defendió la polémica intervención de agroexportadora Vicentín
“Vicentin, hablamos de una empresa en cesación de pagos desde diciembre. Estamos hablando de 3.000 productores perjudicados”, manifestó Kulfas El ministro de Desarrollo Productivo de Argentina, Matías Kulfas, defendió el martes la decisión del Gobierno del presidente Alberto Fernández de intervenir la firma agroexportadora Vicentin y consideró que su posterior expropiación permitirá asumir un rol de “empresa testigo con mirada estatal vinculada con el desarrollo”.
Por su parte el grupo de instituciones internacionales que conforman el Comité Ad hoc de Acreedores Privados Internacionales expresó “su firme disposición a entablar un diálogo constructivo con las autoridades gubernamentales para la regularización de la deuda de Vicentin, estimada en alrededor de US$500 millones.
Kulfas -en declaraciones radiales- sostuvo que los problemas de Vicentín se presentaron en diciembre cuando entró en cesación de pagos tanto con los proveedores de granos, como con sus acreedores financieros, de los cuales a nivel nacional, el principal es el Banco Nación por un monto estimado en $18.000 millones.
“En el caso de Vicentin, hablamos de una empresa en cesación de pagos desde diciembre. Estamos hablando de 3.000 productores perjudicados”, manifestó Kulfas y afirmó que “toda la plata que Vicentin tomó y no devolvió es la que podría haber tenido otra empresa y eso es plata que no se le pudo prestar a las pymes”.
Respecto al concepto de empresa testigo, el funcionario explicó que la misma contará con “una mirada estatal vinculada al desarrollo, que nos permita tener más estabilidad en el mercado de granos y en el cambiario”.
La decisión del Gobierno nacional de intervenir la empresa agroexportadora fue formalizada con la publicación en el Boletín Oficial del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) anunciado durante la víspera por el presidente Alberto Fernández.
La norma estableció una intervención por 60 días de la empresa.
Asimismo, el Ejecutivo planteó que ante la actual situación del grupo empresario “se encuentran en riesgo no sólo los 2.195 puestos de trabajo de la industria aceitera sino también cerca de 1.000 empleos de la empresa algodonera, 376 de la industria vitivinícola del grupo inversor y 2.057 de la planta frigorífica”.
“Ante la gravedad de la situación planteada, y conjuntamente con el dictado de la presente medida, el Gobierno ha dispuesto la remisión al Congreso de un proyecto de ley que propicia la declaración de utilidad pública y sujeta a expropiación a la sociedad Vicentín”, en el cual “se propondrá la creación del Fondo Fiduciario Agro Argentina, cuyo fiduciante y beneficiario se propone que sea el Estado nacional, y el fiduciario YPF”.
Dicho proyecto de Ley, el cual trascendió prevé que tras establecer el precio de los bienes a expropiar, se pagará con la deuda que Vicentin mantiene con el Banco Nación y la AFIP y habilitará al Ministerio de Economía a “contraer, en el mercado local o internacional, empréstitos y/o a emitir títulos de deuda pública y/o monedas complementarias a fin de abonar los saldos correspondientes al proceso expropiatorio”.
También indica que la totalidad de los trabajadores de Vicentin pasarán a formar parte de la planta de empleados de YPF.
Por otro lado, un grupo de acreedores externos de la empresa expresó hoy “su firme disposición a entablar un diálogo constructivo con las autoridades gubernamentales” para discutir la regularización de la deuda de Vicentin, y consideró que ello “contribuirá a aliviar la situación financiera general de la compañía”.
Este grupo de instituciones internacionales que conforman el Comité Ad hoc de Acreedores Privados Internacionales, entre las cuales se encuentra el Rabobank y la Corporación Financiera Internacional, remarcó que su objetivo es “negociar conjuntamente la recuperación de los más de US$ 500 millones en préstamos otorgados a Vicentin para promover el desarrollo del sector agroexportador argentino”.
En total, la deuda de Vicentin asciende a US$ 1.350 millones, de los cuales unos US$ 1.000 millones son con los bancos y otros US$ 350 millones con empresas del sector agrícola.
