En línea con legislación en el Reino Unido ante la irrupción de la epidemia del coronavirus y sus consecuencias, el gobierno de las Islas Falkland ha comunicado que se han aprobado reglamentos severos que van a significar restricciones a los derechos constitucionales y de movimiento por los próximos doce meses.
De todos modos dichos reglamentos estarán bajo permanente revisión.
En efecto, el Consejo Ejecutivo de las Falklands consideró en primer lugar dos informes relativos a propuestas legislativas que responden a desafíos planteados por la pandemia del COVID-19, y que están en sintonía con la Ley de Coronavirus 2020 y otra legislación aprobada en el Reino Unido.
Ellas refieren a la indemnización para los trabajadores de los servicios de salud, es decir una red de seguridad que los exima de cualquier demanda que pueda surgir contra ellos a partir del COVID-19.
Igualmente para asegurar el funcionamiento de los servicios de justicia, se contempla el uso de la tecnología del video y audios, para juzgados y tribunales.
Los proyectos correspondientes serán tratados por la Asamblea Legislativa electa de las Falklands en un futuro inmediato.
El Consejo Ejecutivo también abordó, y aprobó, temas constitucionales relativos a la restricción de movimientos, acontecimientos, reuniones y lugares de reunión. Un informe detallado fue elevado al Consejo Ejecutivo acompañado del Reglamento 2020 del Control de Enfermedades Infeccionas.
Refieren a la implantación, cuando necesaria, de restricciones formales, algo similar a la cuarentena del Reino Unido, de forma tal que la población puede ser ordenada a permanecer en sus hogares, en tanto los comercios obligados a cerrar. Dichos reglamentos pueden ser aplicados a la totalidad de las Falklands o a secciones específicas, según se considere necesario.
Sin embargo el reglamento especifica con claridad que se debe informar del alcance y en detalle de las restricciones, antes de su implementación. Al respecto se publicará un sumario de los nuevos reglamentos temporales.
En efecto las autoridades deberán explicar a la comunidad el alcance y requisitos, previo a su aplicación, a la vez que apelar a la responsabilidad antes que la coerción. Ello es así pues se entiende que dichos reglamentos introducen significativas restricciones a los derechos y libertades previstos en la Constitución de las Falklands, pero que se consideran necesarios y proporcionales al enfoque de los desafíos que representa COVID-19 para la comunidad.
De todos modos salvaguardas de los reglamentos requerirán de revisiones periódicas de cualquiera de las restricciones, y dichos reglamentos solo tendrán una duración de doce meses.