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Brasil prepara paquete de US$ 8.000 millones para sector turismo y 100.000 puestos de trabajo
Una encuesta de la Asociación Brasileña de Operadoras de Turismo mostró que las agencias perdieron entre marzo y abril unos US$ 780 millones Brasil tomó una serie de medidas de salvataje al sector turístico, que tuvo pérdidas superiores a los 2.800 millones de dólares desde la segunda quincena de marzo y el peligro de perder unos 100 mil puestos de trabajo a causa de la pandemia del coronavirus, según un informe de la Confederación Nacional de Comercio de Bienes, Servicios y Turismo.
Ante la dramática situación, afectada por una política ambivalente frente a la pandemia, el gobierno federal y diferentes estados dispusieron beneficios fiscales y crediticios, entre otros, para un sector cuyos ingresos representan cerca del 8% del PIB brasileño y genera unos siete millones de empleos directos e indirectos en todo el país.
Una encuesta realizada por la Asociación Brasileña de Operadoras de Turismo (Braztoa), entre sus afiliadas, mostró que las agencias de turismo perdieron entre marzo y abril unos US$ 780 milloness, equivalente a un cuarto de toda la facturación del sector en 2019.
El 96% de los consumidores cancelaron o pospusieron los viajes agendados para abril; 94,2% de los programados para mayo y 63,5% de los contratados para junio.
Asimismo, se estima que el fisco dejará de percibir temporalmente pagos por unos 16.000 mil millones de dólares.
Entre las medidas dispuestas, se determinó una postergación hasta el último trimestre del año del pago de impuestos que vencían entre abril y mayo, para pymes (80% del sector), microempresarios y personas físicas, informó la Agencia de Promoción Internacional del Turismo de Brasil (Embratur).
“En medio de esta emergencia el gobierno está buscando alternativas para auxiliar a un sector dinámico y gran generador de empleo como es el turismo”, dijo Gilson Machado Neto, director-presidente de Embratur, al difundirse las medidas.
Ante esta situación, se dictó un decreto por el cual se permite a las empresas, en acuerdo con sus trabajadores, la suspensión de contratos de trabajo por hasta 60 días y la reducción de jornadas laborales y salarios por hasta 90 días, y la pérdida de ingresos de los trabajadores será en parte compensada con pagos del Estado.
Por otra parte, las empresas del sector turístico y de entretenimiento fueron eximidas de reembolsar los pagos a usuarios por servicios no prestados a causa de la pandemia, por lo que los cargos podrán reprogramarse o canjearse hasta 2021.
En caso de cancelación de eventos o reservas, el proveedor del servicio puede, en lugar de reembolsar el monto, reprogramar la estadía o el boleto, contratar otro servicio, o negociar algún tipo de compensación, sin costo, tarifa o penalidad adicionales para el consumidor, siempre que la solicitud se realice dentro de los 90 días a partir del 8 de abril.
En tanto, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social anunció una línea de crédito para que las pequeñas y medianas empresas puedan pagar sus nóminas durante dos meses. El valor total de la línea de crédito será de cerca de 8.000 millones de dólares, de los cuales el 85% será subsidiado por el Tesoro Nacional
Para las empresas se ofrecerá un período de gracia de seis meses y el pago puede hacerse en hasta 36 cuotas, con una tasa de interés del 3,75% anual.
El Senado federal aprobó un proyecto que crea una línea de auxilio financiero para el sector de turismo que dará acceso a créditos hasta el 30 de junio, con intereses de 3,75% al año, pago que podrá ser hecho en hasta 36 cuotas.
Las empresas, a cambio, no podrán despedir a sus empleados (salvo causa justificada) en el período entre la fecha de contratación del crédito y 60 días después de la recepción de la última cuota del dinero.
El valor del crédito será, como máximo, el 50% de la facturación bruta de la empresa en 2019.
El programa tendrá recursos cercanos a los 2.720 millones de dólares, y será operado por los estatales Caixa Económica Federal y Banco do Brasil, que aportarán 20% de los recursos, y el resto será desembolsado por el gobierno federal.
La propuesta -que beneficiaría a más de seis millones de empresas y 28 millones de empleados- aún debe ser aprobada en Diputados y sancionada por el Poder Ejecutivo.
