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Clima político enrarecido en Chile: militares justifican el uso de armas de fuego para defenderse de vándalos

Para el ministro Alberto Espina las protestas “son delincuencia”, y “lo que le corresponde a un Estado de Derecho democrático es actuar con todo el peso y el rigor de la ley”.

El ministro de Defensa de Chile, Alberto Espina, enrareció el clima político en el inicio de la campaña para el plebiscito constitucional del 26 de abril al defender la potestad de las Fuerzas Armadas de usar armas de fuego tal como lo sostuvo un general de Carabineros tras el ataque al Monumento a los Héroes de Iquique durante los disturbios en el festival de Viña del Mar.

Luego de las polémicas declaraciones del general de Carabineros Hugo Zenteno, quien el lunes recomendó no hablar “de derechos humanos” tras los violentos disturbios en torno al festival de Viña del Mar, que dejaron unos 30 efectivos heridos, el respaldo de Espina volvió a enrarecer el clima político de Chile.

“Si hay una agresión ilegítima, existe la necesidad racional de impedirla. Si un grupo de vándalos pretende destruir, la Armada de Chile tiene el deber de proteger, incluso usando sus armas de fuego, si se llega al extremo que lo justifique”, justificó Espina en una entrevista con la emisora local T13 Radio.

El sábado pasado, la emblemática estatua que conmemora a los héroes que lucharon contra los navíos peruanos en la Guerra del Pacífico (1879-1883) fue atacada por un grupo de personas que lanzaron pintura a la figura situada en la céntrica plaza Sotomayor, en Valparaíso, aledaño al edificio de la Comandancia en Jefe de la Armada chilena.

El incidente se produjo durante otra de las numerosas manifestaciones que se están celebrando por todo Chile desde octubre del año pasado en el marco del estallido social que exige cambios al modelo y que han dejado más de 3.500 heridos y una treintena de muertos.

Sobre este punto, el ministro de Defensa remarcó que las protestas y manifestaciones “son delincuencia”, por lo tanto, “lo que le corresponde a un Estado de Derecho democrático es actuar con todo el peso y el rigor de la ley”.

Con esta polémica en marcha, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, se reunió con autoridades del Consejo Directivo del Servicio Electoral, el mismo día en que comienza la campaña para el referéndum en el que los ciudadanos deberán decidir si se modifica la Constitución, escrita durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Los ciudadanos están llamados a votar el 26 de abril para responder dos preguntas: la primera es si aprueban o rechazan la redacción de una nueva Constitución, una idea surgida de las multitudinarias protestas de 2019.

La otra pregunta es para determinar si la eventual reforma se realiza a través de una Convención Constitucional formada por legisladores ya elegidos o por una Convención Mixta Constitucional a la que se incorporarían miembros de la ciudadanía.

Piñera recibió en La Moneda al presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Patricio Santamaría, y a otros miembros de ese órgano “para realizar coordinaciones y garantizar que el proceso se realice con normalidad, de manera democrática y transparente”, sostiene un comunicado de la Presidencia.

A partir de este miércoles los diferentes partidos políticos, dirigentes y organizaciones pueden comenzar sus campañas para unas elecciones a las que están convocados unos 14,7 millones de chilenos, entre ellos 58.000 residentes en el extranjero.

El inicio de la campaña llega después de un fin de semana de fuertes protestas y represión en el país trasandino, en el marco del inicio del Festival de Viña, que se extenderá hasta el viernes.

En este contexto, más de 200 figuras de centroizquierda realizaron un “llamado urgente” a la unidad del país frente a la crisis social desatada el 18 de octubre, que ha dejado al menos 30 muertos y miles de detenidos.

El documento busca poner paños fríos a la crispada atmósfera política desatada tras el estallido social, exacerbada además a medida que se acerca el Plebiscito 2020.

Según todas las encuestas, la opción “Apruebo” (una nueva Carta Magna) ronda el 70%, según medios locales.