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Presidente de Brasil no concederá más entrevistas a la prensa por denuncias
La Federación Nacional de Periodistas (FENAJ) acusó al jefe de Estado de ser responsable en 2019 de 121 de los 208 ataques contra medios de comunicación y periodistas. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no dará más entrevistas de prensa como consecuencia de una denuncia realizada por la Federación Nacional de Periodistas, en la cual se atribuyó al mandatario la responsabilidad por 121 de los 208 ataques contra medios de comunicación y periodistas en 2019.
”La asociación nacional de periodismo dice que cuando hablo, te ataco. Entonces, como soy una persona de paz, no daré entrevistas”, explicó Bolsonaro este miércoles al ingresar al Palácio de Gobierno en Brasilia.
Bolsonaro aludió a la denuncia formulada por la Federación Nacional de Periodistas (FENAJ), que acusó al jefe de Estado de ser responsable en 2019 de 121 de los 208 ataques contra medios de comunicación y periodistas, lo que representan el 58% del total.
El domingo, Bolsonaro se burló del estudio publicando una imagen de una historia sobre el tema con una larga carcajada: “KKKKKKKKKKKKKKK”. Incluso tomó el comentario de un seguidor y escribió: “Tomaron el coeficiente intelectual promedio de la prensa. Fue 58″.
Del total de las agresiones, la Federación registró dos asesinatos, 28 casos de amenaza e intimidación, 15 agresiones físicas, diez casos de censura o impedimentos de la práctica profesional, cinco casos de restricción de la libertad de prensa por demandas, dos casos de lesiones raciales y dos contra la organización sindical de la categoría.
El estudio apuntó a la región sureste del país como la de mayor violencia con el 46,81% de los casos, legitimando una tradición de seis años. Le sigue la región del Medio Oeste con 18 casos, 13 de ellos en el Distrito Federal.
En otro orden, el mandatario, objeto de constantes críticas por la omisión del Gobierno en el combate a la deforestación de la Amazonía, anunció este martes la creación de un “Consejo de la Amazonía” de carácter interministerial y al que dio la misión de coordinar políticas dirigidas a la “protección, la defensa y el desarrollo sostenible de la Amazonía” bajo la coordinación del Vicepresidente Hamilton Mourão.
En cuanto a la fuerza ambiental, tendrá un “gran número de efectivos para combatir la deforestación ilegal y las acciones ilegales en la región”, dijo en conferencia de prensa el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, quien precisó que se hará un estudio para determinar la cantidad de miembros y la composición del nuevo órgano. “Es necesario ampliar el número de profesionales en el área de seguridad”, añadió.
Bolsonaro ve en las denuncias de las oenegés contra su política ambiental una injerencia de intereses extranjeros para apoderarse de los recursos de la Amazonía.
Al agradecer por Twitter su designación, Mourão afirmó: “La selva nos une y la Amazonía nos pertenece”.
El gobierno brasileño prevé presentar próximamente un proyecto al Congreso para legalizar la minería y la explotación energética en áreas de protección ambiental y en tierras indígenas.
En un encuentro de más de 600 líderes indígenas en el estado de Mato Grosso (centro-oeste), unos 45 pueblos indígenas denunciaron la semana pasada que el gobierno impulsa un proyecto político de “genocidio, etnocidio y ecocidio”.
La apertura económica de las reservas indígenas ha sido una promesa de campaña de Bolsonaro que, según representantes de los pueblos originarios y de organizaciones privadas, explican el incremento de la violencia y la presión de mineros y madereros sobre esas zonas.
La deforestación en la Amazonía brasileña aumentó 85,3% en 2019 en relación al año anterior, llegando a 9.166 km2, según datos oficiales preliminares del primer año del gobierno de Jair Bolsonaro.
Los focos de incendio, debidos principalmente a la deforestación, registraron por su lado un incremento de 30%.
