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Comienza en Chile debate para reformar/reemplazar la Constitución.
“El reemplazo constitucional, para distinguirlo de reformas, no está contemplado en la Constitución del ‘80”, dice el constitucionalista La revuelta social que estalló en Chile hace unas tres semanas volvió a instalar sobre la mesa antiguas demandas sociales, económicas y políticas. Una de ésas es reemplazar la actual Constitución, que data de la dictadura de Augusto Pinochet.
Aunque el cuerpo legal ha sido reformado varias veces desde su promulgación en 1980, los promotores del cambio señalan que un nuevo texto es clave para asegurar derechos sociales o establecer espacios de participación, mientras que sus defensores aseguran que la carta magna actual ha dado estabilidad a Chile y que no es urgente reemplazarla.
El principal argumento es que fue redactada y aprobada en plena dictadura militar, por lo que carece de legitimidad. El texto no establece mecanismos de participación ciudadana en las decisiones políticas ni garantiza que el Estado es responsable por asegurar derechos sociales, lo que fragilizaría la posición de los ciudadanos.
Además exige un alto quórum en el Congreso -de hasta dos tercios de los votos- para aprobar reformas constitucionales en temas cruciales como acceso a salud, derecho de privados sobre el agua, sistema de pensiones o el poder del Tribunal Constitucional, entre otros asuntos.
“El proyecto político que la dictadura plasmó en el texto constitucional sigue vigente, no ha sido tocado”, afirma el abogado constitucionalista Jaime Bassa, profesor de la Universidad de Valparaíso. Y la mayor “presencia” de ese proyecto radica precisamente en el tercer capítulo, que aborda derechos fundamentales, dice el experto.
“Todo el sistema de protección de derechos sociales, específicamente seguridad social, salud, educación, trabajo y régimen sindical, está marcado por una preferencia en favor de la propiedad privada y la libertad de emprendimiento. Y eso no se ha tocado”, insiste.
Un tema polémico en Chile también es el peso que tiene el Tribunal Constitucional en las políticas públicas. “Eso ha hecho que acuerdos políticos a los que se ha llegado en el Congreso luego sean echados para atrás en el Tribunal Constitucional”, dice María Cristina Escudero, académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.
“Las constituciones hacen dos cosas: crean el poder y lo limitan”, explica Escudero, que resalta las demandas de la sociedad chilena por mayor participación política y nuevos y más sólidos derechos sociales.
La Constitución actual no establece cuál es el mecanismo para escribir un texto que la reemplace. Tampoco especifica quién elaboraría el nuevo cuerpo, si se convocaría a una Asamblea Constituyente, quién la conformaría, o si se haría mediante una comisión mixta de políticos y ciudadanos o quedaría sólo en manos del Congreso.
“El reemplazo constitucional, para distinguirlo de reformas, no está contemplado en la Constitución del ‘80”, dice Escudero. “Y ése es el principal problema que tienen en este momento quienes abogan por un reemplazo constitucional”, señala.
La expresidenta Michelle Bachelet llevó adelante un proceso constituyente en su segundo gobierno, con cabildos ciudadanos y canalización de propuestas sobre qué debería incluir una nueva constitución. Días antes de dejar el poder, envió un proyecto al Congreso para redactar una nueva Constitución, pero no avanzó.
Hoy en día para reformar la Constitución sólo hay un mecanismo congresista, dice el cientista político Claudio Fuentes, de la Universidad Diego Portales, por lo que la opción sería que el gobierno envíe al Congreso un proyecto de reforma parcial o total a la Constitución.
En las semanas de protestas callejeras, se ha hecho patente la demanda de una nueva carta fundamental para Chile y de una consulta popular. Sin embargo, la opción de un plebiscito no es viable por el momento, ya que la Constitución limita expresamente los temas que pueden ser sometidos a una consulta popular, excluyendo la redacción de una nueva carta magna.
Una alternativa, dicen los expertos, es modificar a través de una ley en el Congreso el artículo que limita los temas susceptibles de ser plebiscitados, para abrir la puerta a una consulta vinculante sobre una nueva Constitución.
