MercoPress. South Atlantic News Agency
Paraguay se ajusta el cinturón: congela contrataciones y reduce gastos corrientes
El anuncio se conoció tras la cumbre del presidente Mario Abdo Benítez, con el titular del Congreso, Blas Llano, y el de la Corte Suprema, Eugenio Jiménez Rolón El Gobierno de Paraguay emitió un decreto presidencial para paralizar las contrataciones de funcionarios del Estado y reducir los gastos corrientes con el objetivo de recaudar cerca de US$50 millones antes de que culmine 2019 y hacer frente al déficit de la administración.
El texto establece la suspensión de nuevas contrataciones de personal público, la congelación del sueldo de los funcionarios, así como la restricción de gastos como la compra de vehículos, de equipo de oficina, de pasajes aéreos en primera clase o de servicios de protocolo.
El documento se hizo público después de la cumbre de poderes que reunió al presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, con el titular del Congreso, Blas Llano, y el de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Eugenio Jiménez Rolón, para abordar la reestructuración del gasto público.
Al encuentro también fueron invitados representantes de los gremios empresariales, como el sector industrial, el bancario o el agropecuario.
Los tres poderes del Estado ratificaron esta reducción del gasto público en materia de personal para redirigir sus fondos a otras áreas, como los planes de emergencia humanitaria o la reactivación económica.
“El objetivo es llegar a una meta de tener unos ahorros cercanos en el tiempo de 600 millones de dólares”, expresó a los medios el ministro de Hacienda, Benigno López, a la salida del encuentro en el Palacio de Gobierno.
López identificó el problema del gasto público en los sueldos que perciben algunos funcionarios de categoría media que pueden alcanzar un salario de tres sueldos mínimos, el equivalente a unos 1.098 dólares.
En el encuentro también se debatieron otros problemas de la gestión pública como la aprobación de leyes en el Congreso, que carecen de un presupuesto para ejecutarse, como la reciente Ley de Jubilación Médica.
La norma, que trató de vetar el Gobierno, permite al personal sanitario jubilarse a los 60 años de edad, con el 100% del salario, si han cotizado durante tres décadas de vida laboral.
“Es irresponsable de nuestra parte llevar adelante programas cuyo financiamiento no está asegurado”, explicó a los medios el portavoz del Gobierno, Hugo Cáceres.
Sobre este aspecto también habló el presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Gustavo Volpe, quien exigió medidas para evitar que la aprobación de leyes sin presupuesto conduzcan a una mayor presión fiscal.
