MercoPress. South Atlantic News Agency
EEUU califica a Uruguay como un país seguro para invertir, pero alerta sobre el poder sindical
Embajada de EE.UU. en Montevideo. Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre el clima de inversión en Uruguay publicado este lunes analizó los aspectos jurídicos, políticos y económicos del país. Por un lado, resalta la seguridad jurídica, el libre movimiento de capitales, los regímenes preferenciales y el grado inversor. Del otro, alerta sobre aspectos como las relaciones laborales, el poder de los sindicatos, el ventajismo de las empresas públicas y el acrecentamiento de los problemas en materia de educación y seguridad.
Hay unas 120 empresas estadounidenses con inversiones en el país sudamericano operando actualmente, en sectores variados como la silvicultura, el turismo y los hoteles, los servicios administrativos y las telecomunicaciones.
Las firmas estadounidenses instaladas en el país “no han identificado a la corrupción como un obstáculo para la inversión”. En esa línea, se remarcó que Uruguay posee “leyes para prevenir el soborno y otras prácticas corruptas”.
A su vez, en el documento se analizó que hay un déficit y una deuda pública “relativamente alta en comparación con su grupo de calificación”, aunque resaltando que Standard & Poor’s y Moody’s evaluaron a Uruguay dos escalones arriba del umbral del grado inversor con una perspectiva estable.
Sin embargo, el informe sostiene que “pequeñas y medianas empresas industriales (Pymes) de Estados Unidos describen el mercado uruguayo como difícil de ingresar en algunos sectores de la economía”, lo que atribuyen a “relaciones comerciales y lealtades heredadas, junto con una resistencia cultural por parte de distribuidores y clientes para confiar en nuevos productores”.
Sobre las empresas públicas uruguayas, se señaló que “tienden a tener la mayor participación de mercado incluso en sectores abiertos a la competencia”, lo que podría producir “subsidios cruzados”que probablemente “otorguen a estas empresas una ventaja sobre sus competidores privados”.
Seguidamente y al referirse a algunos fenómenos sociales, el informe identificó que el “crimen violento va en aumento en Uruguay” y que se “está experimentando una crisis en el sistema de educación pública”.
Respecto al mercado local de capitales y de divisas, el informe consideró que sigue subdesarrollado y “altamente concentrado en la deuda soberana”, lo que hace “difícil financiar negocios a través del mercado local de valores y restringe el flujo de recursos”. Esto último se asocia a que “Uruguay generalmente recibe solo inversiones activas orientadas a establecer nuevas empresas u obtener control sobre las existentes y carece de inversiones pasivas de los principales fondos de inversión”.
El reporte señaló que “Uruguay no participa en la manipulación de la moneda para obtener una ventaja competitiva”, con el peso flotando libremente “aunque con la intervención del Banco Central para reducir la volatilidad del precio del dólar”. Añadió que cualquier divisa “puede obtenerse a tasa de mercado y no existe un mercado negro” para cambiar dinero.
Además, detalló algunos incentivos “para las inversiones en zonas industriales nuevas y abandonadas”, que fomentan el empleo, la descentralización, las exportaciones y el desarrollo de la investigación. Las firmas pueden acceder a una deducción del impuesto a la renta, exención de aranceles y reembolso del IVA, entre otras medidas de incentivo.
En marzo, el Departamento de Estado de EE.UU. publicó un informe sobre Derechos Humanos en el que informaba que los líderes sindicales fueron “férreos defensores de las políticas públicas e incluso de la política exterior, y siguieron siendo muy activos en la vida política y económica del país”.
En aquel informe se admitía que las organizaciones de trabajadores funcionaron sin intervención gubernamental ni política. “El Frente Amplio (partido de gobierno) dio fuerte apoyo político a los sindicatos en general”, recalcó el informe acerca de Derechos Humanos. Por otro lado, advertía sobre condiciones “duras” en algunas prisiones, manejadas por el Estado uruguayo.
