La Corte Suprema de Brasil deslizó el jueves que dictaminaría contra la discriminación basada en la sexualidad o el género y que el Congreso actuó de manera inconstitucional al no incluir la homofobia y la transfobia en su legislación contra la discriminación, según trascendió.
Con una decisión formal aún pendiente, el resultado judicial esperado supondría un duro golpe para la histórica posición anti-LGBTQ del presidente Jair Bolsonaro.
El Tribunal Federal Supremo decidirá sobre dos casos presentados por un grupo de derechos LGBTQ y el Partido Socialista Popular en 2012 y 2013, argumentando que el Congreso estaba retrasando la criminalización de la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. El tribunal consideró los casos durante cuatro días en febrero, cuando cuatro de sus jueces dijeron que tal comportamiento debería ser criminalizado.
Pero cuando se reanudó la deliberación el jueves, otros dos magistrados se sumaron a la postura, creando así una mayoría, que superaría en número a lo que voten los otros cinco vocales el 5 de junio venidero.
El miércoles, la Comisión de Constitución y Justicia del Senado también votó a favor de un proyecto de ley para tipificar como delito la homofobia y la transfobia. Pidió al tribunal superior que suspendiera su decisión mientras el proyecto de ley se tramita en la cámara baja, pero el tribunal votó 9 a 2 por la continuidad.
El primer juez en anunciar su decisión en febrero, Celso de Mello, criticó la inercia del Congreso al permitir que estos tipos de delitos queden sin castigo y habló largamente sobre la necesidad de defender los derechos de las personas LGBTQ.
No hay nada más ilegítimo que redactar una constitución sin la voluntad de cumplirla plenamente y aplicar solo los puntos que sean convenientes para los grupos mayoritarios, dijo.
La Asociación Brasileña de Gays, Lesbianas, Bisexuales, Travestis y Transexuales y el Partido Socialista Popular dicen que la tasa de violencia contra los miembros de la comunidad LGBTQ hace que la situación sea urgente y que la criminalización de los delitos de odio contra las personas LGBTQ requiere una acción más rápida.
A pesar de ser sede del desfile del orgullo gay más grande del mundo y de haber la legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo en 2013, Brasil sigue siendo un lugar peligroso para identificarse como LGBTQ. El año pasado, 320 personas fueron víctimas de homicidios homofóbicos o transfóbicos, según daros del Grupo Gay de Bahía.
Paulo Roberto Iotti Vecchiatti, el abogado que representa a ambos demandantes en las acciones legales conjuntas, dijo que los ataques a las personas LGBTQ deben considerarse como una forma de racismo, que la constitución de Brasil define como cualquier discriminación contra los derechos y libertades fundamentales. La decisión de la corte declara que el antisemitismo es una forma de racismo, como lo es cualquier ideología que predique la superioridad / inferioridad de un grupo sobre otro.
Representantes del lobby cristiano evangélico del país, que se oponen a los cambios propuestos en la legislación, argumentan que se violarían sus derechos religiosos si ya no pudieran predicar contra la homosexualidad.