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Financiación de campañas electorales en Brasil privilegia a plutócratas

Jair Bolsonaro, el ultraderechista que lidera las encuestas de intención de voto a la presidencia, viaja en aviones comerciales

Un puñado de políticos lleva meses recorriendo Brasil de mitin en mitin, calentando motores para cuando este 15 de agosto arranque la campaña para las elecciones generales y sus partidos les confirmen oficialmente como candidatos a los muchos altos cargos que hay en juego, desde presidente de la República a diputado.

 Resulta instructivo ver cómo viajan. Jair Bolsonaro, el ultraderechista que lidera las encuestas de intención de voto a la presidencia, va en aviones comerciales, al igual que la siguiente en esa lista, la evangélica Marina Silva, que además intenta volver en el mismo día para ahorrar en hoteles: si tiene que pernoctar, lo hace en casa de algún simpatizante, en un sistema que la revista Piauí ha bautizado como el “Airbnb da Marina”.

Nada que ver con João Doria, un millonario que hace campaña para gobernador de São Paulo a bordo de su jet privado -valorado en 26,3 millones de euros-, y que sufraga el coste de pancartas y carteles para que sus fieles le reciban con mensajes de “Bienvenido João”. De las muchas lecturas que pueden hacerse de estas elecciones, ninguna es tan evidente como que en el país no africano más desigual del mundo, los bolsillos de los candidatos son una cuestión más decisiva que nunca.

Todo se debe a una ley relativamente nueva cuyo alcance se empieza a vislumbrar ahora. La norma se aprobó en 2015 y prohíbe que las empresas donen a campañas electorales. Sin esos donativos, que siempre han sido la principal forma de financiación electoral, los candidatos deben limitarse ahora a lo que les toque de unos fondos de dinero público que el Congreso reparte en proporción al número de diputados de cada partido. El total apenas suma 2.000 millones de reales (454 millones de euros), a repartir entre las 35 formaciones que se presentan a las elecciones. O sea, nada.

“Los costes reales de las elecciones no han sido reducidos a esos límites legalmente impuestos”, alerta la jueza Denise Goulart Schlickmann, autora del libro Financiamento de campanha y asesora del Tribunal Electoral para estos asuntos. En febrero, el Tribunal Electoral aprobó in extremis una posible solución: que cada candidato pueda pagarse la campaña de su propio bolsillo. De repente, las elecciones se habían vuelto mucho más fáciles para los ricos. Mejor tener un jet privado que un “Airbnb da Marina”.

Lo cual puede afectar lo que van a ser las elecciones más importantes en la memoria reciente del primer país latinoamericano. Para bien o para mal, estos comicios van a marcar el fin de una era y el comienzo de otra: es la primera vez que los brasileños votan tras la explosión del caso Petrobras, que desveló que prácticamente toda la clase política se beneficiaba de un gigantesco esquema de malversación de fondos públicos usando la petrolera estatal, Petrobras.

Son las primeras elecciones tras el traumático impeachment a Dilma Rousseff en agosto de 2016 y las que deberían poner fin a la parálisis política provocada por el impopular gobierno que la reemplazó, el de Michel Temer. Y tras el encarcelamiento por corrupción del ex presidente Lula da Silva, eterno candidato preferido con diferencia en todas las encuestas, los comicios de este octubre deberían ser la mayor oportunidad en años de renovar la política brasileña y dejar el país en manos de personas si no más jóvenes, al menos ajenas a la vieja élite política.

La realidad, sin embargo, es que es la gran oportunidad de los ricos y conocidos. En el Legislativo las nueve principales agrupaciones, admiten que se centrarán en los más veteranos del Congreso, porque al ser ya conocidos no tienen que gastar tanto en comunicación.

Y en el Ejecutivo, el partido en el gobierno, el Movimiento Democrático Brasileño, ha confiado su futuro a Henrique Meirelles, el ex ministro de Hacienda, en buena parte porque tiene una fortuna personal (217 millones de reales; 59,5 millones de euros) que puede invertir en su campaña. Al fin y al cabo, en las municipales de 2016, cuando la ley ya estaba en vigor, de la campaña más barata en décadas para el dinero público salieron 23 millonarios elegidos en las 92 ciudades más grandes del país.