Los empleados públicos chilenos anunciaron el jueves el fin de una huelga que duró casi cuatro semanas, tras la aprobación por parte del Congreso de un aumento salarial de 3,2 por ciento propuesto por el gobierno desde el comienzo del conflicto.
El proceso de movilización está concluido, dijo Carlos Insunza, coordinador de la Mesa de Negociación de Empleados Públicos, agrupación de quince organizaciones sindicales, en una conferencia de prensa. Agradeció a quienes se sumaron a la huelga y criticó al gobierno, que en ningún momento modificó su postura de aumentar los salarios en un 3,2 por ciento, aunque cedió a bonos y otros beneficios.
El proyecto del Gobierno fue rechazado dos veces en el Congreso, por lo que en la tercera ronda el Ejecutivo optó por negociar con los partidos políticos, incluidos los partidos de oposición, y logró inclinar la balanza a su favor.
La huelga tuvo un alto impacto en la vida diaria de la población. Más de 6.000 cirugías y más de 20.000 citas médicas tuvieron que ser aplazadas y hubo toneladas de basura no recolectada en las calles de algunos municipios del país, incluyendo Santiago.
Insunza hizo hincapié en la unidad de los trabajadores al rechazar el maltrato, la agresión permanente y la falta de diálogo que el gobierno ha mostrado a lo largo de las negociaciones.
El presidente de la Confederación de Trabajadores de Atención Primaria de Salud, Esteban Maturana, dijo que el gobierno está en deuda con los trabajadores, una deuda que vamos a cobrar en 2017.
El proyecto de ley aprobado representa costos al estado chileno por valor de 567.000 millones de pesos (unos 860 millones de dólares), y si bien aumenta los salarios un 3,2 por ciento, congela las remuneraciones de funcionarios de alto rango que ganan más de 4,4 millones de pesos (unos 6.600 dólares). Las bonificaciones acordadas se repartirán de forma proporcional e inversa entre quienes perciben las pagas más módicas hasta llegar a las categorías en las que no se harán operativas.