La Cámara de Diputados argentina aprobó este miércoles por amplia mayoría la ley de acceso a la información pública, que obliga a los poderes del Estado a contestar pedidos de información de forma gratuita y en un plazo de 15 días, informaron fuentes parlamentarias.
Con 182 votos a favor y ninguna abstención, la Cámara baja confirmó la versión original del proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo de Mauricio Macri y que contó con el apoyo del bloque oficialista Cambiemos, del Frente Renovador, del Frente para la Victoria y otras fuerzas minoritarias de la oposición.
Votaron en contra 16 diputados del Frente de Izquierda y del interbloque Progresistas que engloba al Gen, Libres del Sur y al Partido Socialista.
Así, tras la aprobación de esta ley, sin los cambios que había propuesto el Senado, los poderes públicos estarán obligados a contestar en un plazo de 15 días, prorrogable por otros 15, las eventuales solicitudes de información que envíen los ciudadanos.
La ley contempla sanciones a los funcionarios que se opongan a este mandato.
Además de a los tres grandes poderes del Estado, la norma alcanza al Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, al Consejo de la Magistratura y a las empresas con participación estatal. También a partidos políticos, sindicatos, universidades y al Banco Central.
No obstante, el proyecto impulsado encierra algunas excepciones para la concesión de la información: se impedirá el acceso cuando los datos sean de carácter reservado, confidencial o secreto o cuando pongan en peligro “el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario”, entre otros supuestos.