El próximo domingo 5 de junio, los suizos votarán a favor o en contra para que el Gobierno entregue una ayuda mensual de 2.500 francos (unos US$ 2.524) el cual cubriría las necesidades básicas de los ciudadanos y reemplazaría ciertos beneficios sociales con los que cuentan actualmente.
Según informó Bloomberg, en el caso de los niños, este beneficio se reduciría a 625 francos. Suena bien, pero, dos cosas: La primera es que la cifra apenas supera la línea de pobreza, la cual se define típicamente como el 60% de la mediana nacional de renta disponible, en uno de los países más caros del mundo. Segundo y más importante, probablemente no vaya a suceder, consigna el medio.
La iniciativa se está considerando después de que la propuesta recogiera las 100.000 firmas requeridas, aunque los sondeos actuales indican que probablemente no avanzará. Esta idea también ha despertado interés en otros países como Canadá, Holanda y Finlandia, donde se inició un estudio preliminar el año pasado.
Los promotores del proyecto dicen que la cifra mencionada permitiría una existencia decente. No obstante, en términos anuales, sólo proporcionaría 30.000 francos, una cifra que apenas superaría la línea de pobreza de 2014, en 29.501 francos
Casi una de cada ocho personas en Suiza no alcanzó ese nivel de renta en 2014, según la oficina de estadísticas. Este índice supera al de Francia, Dinamarca o Noruega. De los ciudadanos con más de 65 años de edad, uno de cada cinco se encontraba en riesgo de pobreza.
No es que se vea una pobreza extrema en Suiza, dijo Andreas Ladner, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Lausana. Pero hay gente que no tiene dinero suficiente y hay gente que trabaja y no gana lo suficiente.
Entre quienes han propuesto una renta básica figura el ex ministro de Economía griego Yanis Varoufakis, quien dice que el pago es necesario ante la eliminación de empleos por la automatización de tareas y el uso de robots. Un país rico como Suiza tiene una oportunidad estupenda de poner a prueba este experimento, manifestó.
La propuesta no especifica las condiciones por las que los que residentes que no tienen nacionalidad suiza también podrían recibir el pago.
No obstante, el Gobierno suizo se opone a la propuesta, ya que dice que el estipendio significaría un aumento de los impuestos, crearía desincentivos para trabajar y provocaría una falta de capacidades. La economía ya está sufriendo los efectos de la fortaleza del franco, y las empresas han advertido que trasladarán las operaciones de producción a otros lugares para reducir costes.
Hemos llegado a la conclusión de que esta iniciativa debilitaría nuestra economía, señaló el ministro del Interior, Alain Berset. Y esta opinión parece haberse hecho eco entre el electorado: los sondeos muestran que un 60% de los votantes se muestran en contra de la iniciativa.