Las patronales de Brasil respaldan el juicio político a la presidente Dilma Rousseff, que posibilitaría la asunción del vicepresidente Michel Temer, del PMDB, quien prepara un equipo de gobierno con un perfil considerado de recepción por parte de los grupos económicos y financieros.
El mercado espera un cambio para que se pueda retomar la confianza y con eso volver a generar empleo e inversión, dijo el presidente de la Federación de Industrias del Estado de San Pablo (Fiesp), Paulo Skaf, afiliado al PMDB de Temer y financista de la campaña en las calles y en la prensa a favor del impeachment de la presidenta Rousseff.
Skaf estuvo el domingo en la Avenida Paulista, en la sede de la Fiesp, junto con los manifestantes, siguiendo en pantalla gigante la votación sobre el juicio político.
La Fiesp es la mayor central patronal de América Latina y comenzó a hacer oposición al gobierno de Roussef luego de que en 2014 el gobierno retiró los incentivos y subsidios que durante cinco años fueron otorgados para enfrentar la crisis mundial surgida en 2008 en el sistema hipotecario de Estados Unidos.
Temer, quien apuesta a que el Senado va destituir a Rousseff en mayo, promueve al economista Arminio Fraga, dueño de un fondo de inversión, como su ministro de Economía, según informó el diario Folha de San Pablo.
Fraga fue presidente del Banco Central durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) e iba a ser ministro en caso de que venciera en 2014 el opositor Aecio Neves, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).
La liberalización de la economía fue reclamada por la Confederación Nacional Agropecuaria (CNA), la principal patronal del campo brasileño, el único sector que avanzó en 2015 en la economía de Brasil. La CNA está enfrentada con el Movimiento Sin Tierra, uno de los puntales del Partido de los Trabajadores, que promete movilizarse contra el golpe de Estado parlamentario, como llama al proceso de destitución.
Estamos convencidos de haber contribuido para el resultado positivo del juicio político, dice en un comunicado la entidad, que reclama cambios en el control ambiental contra la deforestación, en la reforma agraria y en la legislación laboral.
Los ministerios de Justicia, de Trabajo y de Medio Ambiente impiden el desarrollo del país usando intereses ideológicos retrógrados, dice la entidad.
La FIESP y la CNA se comprometieron seguir con la campaña a favor del juicio político en el Senado.
La caída del precio de las materias primas que provocó una sangría en la recaudación brasileña fue uno de los motivos que llevó al gobierno de Rousseff a eliminar subsidios a las empresas y a lanzar la idea un impuesto a las transacciones financieras.
Lo que se necesita es cortar gastos del gobierno, hacer una reforma del sistema jubilatorio, del sistema de leyes de trabajo, dijo por su parte el presidente del sindicato patronal de construcción civil, José Romeu Ferraz Neto.
El descontento empresarial con las políticas de Rousseff, la caída de actividad económica y por tanto de la recaudación con mucho gasto inflexible ha llevado el déficit a casi el 10% del PBI. Asimismo se estima que de confirmarse la contracción de la economía brasilera este ejercicio a niveles parecidos al 2015 (3.8%), en menos de 36 meses el desplome habrá acumulado más de un 10%.