Cientos de guatemaltecos se manifestaron este fin de semana para exigir la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, y la aprobación de reformas electorales antes de los comicios generales del próximo 6 de septiembre.
Convocados por el movimiento social “Guatemala BASTA YA”, entre otras organizaciones, los manifestantes acudieron al Palacio Nacional de la Cultura y luego ante la sede del Congreso. La principal demanda es la dimisión del mandatario, denunciado en dos casos de supuesta corrupción, y de los diputados del Congreso por retirarle la inmunidad al jefe de Estado, para que pudiera ser investigado por su presunta implicación en dos casos de corrupción.
Los guatemaltecos se aglomeraron nuevamente en la Plaza de la Constitución para rechazar los actos de corrupción destapados desde abril pasado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). “Basta ya de corrupción”, “fuera los corruptos”, “renuncia ya” y “reformas ya” se leía en algunas pancartas de los manifestantes bajo paraguas y sombrillas para cubrirse de la lluvia.
La Cicig y el Ministerio Público (MP) han denunciado al menos 13 casos de corrupción estatal por los que han sido detenidas unas 60 personas, entre funcionarios y particulares. Guatemala celebrará elecciones generales el próximo 6 de septiembre para designar a casi 4.000 servidores públicos para el período 2016-2020, incluido el presidente y vicepresidente del país, además de 158 legisladores, 20 diputados al Parlamento Centroamericano y 338 corporaciones municipales.
El Congreso de Guatemala aprobó la semana pasada una serie de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos solicitadas por la sociedad civil y envío su dictamen a la Corte de Constitucionalidad (CC) para verificar si el máximo tribunal del país centroamericano tiene objeciones.
Dichas modificaciones, solicitadas por parte de organizaciones sociales y privadas durante los últimos cuatro meses, tras descubrirse varias tramas de corrupción en los tres poderes del Estado, ordenan la democratización de los partidos políticos, la fiscalización de la financiación pública y privada, la validez del voto nulo y el sufragio en el extranjero, entre otras medidas.