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Brasil anuncia más recortes de gastos pero también baja meta de superávit fiscal
”Pese a que reducimos la meta al mismo tiempo asumimos el compromiso de garantizar la disciplina fiscal”, dijo el ministro de Hacienda, Joaquim Levy 
La presidente Rousseff vetó por 'insostenible' un proyecto de ley para subir hasta 78% el salario de los empleados del Poder Judicial El gobierno brasileño anunció este miércoles la reducción de la meta de superávit fiscal primario que se había impuesto para este año desde el equivalente al 1,13% del PIB hasta el 0,15%, pero al mismo tiempo se comprometió con una nueva reducción de los gastos para sanear las cuentas públicas.
El gobierno de Dilma Rousseff, que a principios de año se había propuesto terminar 2015 con un saldo positivo en las cuentas públicas de 66.300 millones de reales (unos 20.526,3 millones de dólares), admitió que ese ahorro tan sólo llegará a 8.747 millones de reales (unos 2.708 millones de dólares).
En contrapartida, el Ministerio de Hacienda determinó un recorte adicional de los gastos públicos de 8.600 millones de reales (unos 2.662,5 millones de dólares).
“No estamos abandonando la meta ni diciendo que tenemos todo resuelto y que podemos gastar. Pese a que reducimos la meta al mismo tiempo asumimos el compromiso de garantizar la disciplina fiscal”, dijo el ministro de Hacienda, Joaquim Levy, en la rueda de prensa en la que hizo los anuncios.
Asimismo se supo que la presidenta Rousseff, vetó un proyecto de ley que preveía una subida de hasta el 78% del salario de los empleados del Poder Judicial debido al efecto que tendría en las maltrechas cuentas públicas del país.
Rousseff argumenta en su veto que el alza generaría para los cofres públicos un coste adicional de 25.700 millones de reales (8.107 millones de dólares) durante los próximos cuatro años, incompatible con el severo plan de ajuste fiscal que el Gobierno lleva adelante para reequilibrar sus cuentas.
“Un efecto de esa magnitud es contrario a los esfuerzos necesarios para el equilibrio fiscal”, subraya la presidenta en el decreto en que veta el aumento y en el que califica el proyecto de “inconstitucional” y “contrario al interés público”.
El pasado junio, el Congreso aprobó una subida salarial de entre el 53% y 78,5%, dependiendo del cargo, para los empleados del Poder Judicial, que se aplicaría progresivamente hasta 2017.
