Una escuela y dos camiones fueron blanco de ataques incendiarios en el estado brasileño de Santa Catarina, donde desde hace dos semanas se registra una ola de violencia que ha dejado al menos tres muertos y 41 autobuses destruidos.
En total se ha registrado un centenar de ataques a establecimientos y vehículos en 31 ciudades de ese estado sureño, acciones que las autoridades atribuyen a un grupo criminal que domina las cárceles de Santa Catarina, en represalia por la intensificación de las operaciones contra el tráfico de drogas.
Después de casi 48 horas en que no hubo acciones violentas, el viernes de madrugada se registró un ataque incendiario a una escuela en Penha, ciudad a unos 110 kilómetros de Florianópolis, la capital regional, y dos camiones que estaban en el estacionamiento de una constructora en la ciudad de Lages fueron incendiados.
El vigilante de la escuela, el único que estaba en el lugar, relató que sólo se percató de lo ocurrido cuando vio las llamas.
El vigilante presume que alguien entró a la sala de la dirección de la escuela para apoderarse de las llaves de las salas, abrió dos y esparció algún material inflamable antes de prenderle fuego.
Según la secretaría regional de Seguridad Pública, hasta ahora han sido detenidas 75 personas, incluidos 18 menores de edad, como sospechosos de participar en los ataques.
Los ataques prosiguieron pese a que la seguridad pública de Santa Catarina fue reforzada con miembros de la Fuerza Nacional de Seguridad enviados desde Brasilia para ayudar a las autoridades a hacer frente a la ola de violencia.
Esta es la tercera ola de ataques similar registrada en Santa Catarina en los últimos dos años. Las dos anteriores también fueron atribuidas a una organización criminal regional dirigida desde las prisiones.
La gobernación de Santa Catarina advirtió de que no flexibilizará las operaciones que realiza para combatir el tráfico de drogas.
Además de adoptar medidas para garantizar la seguridad, la gobernación ordenó el traslado a prisiones de otros estados de reclusos que cumplen pena en Santa Catarina y que son señalados como los promotores de los atentados.
La ola de violencia ha obligado a las empresas de transportes a retirar los autobuses de las calles en horarios nocturnos y a los comerciantes a cerrar sus puertas más temprano que lo habitual.