La Asamblea General de la ONU aprobó este martes una resolución para impulsar un marco multilateral que regule los procesos de reestructuración de deuda soberana y evite casos como el que enfrenta a Argentina con los fondos especulativos.
El texto, propuesto por Bolivia en nombre de los países del grupo G77 más China, salió adelante con 124 votos a favor, 11 en contra y 41 abstenciones.
La resolución apuesta por convertir en una prioridad para los próximos meses la elaboración y adopción de un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de deuda soberana.
De acuerdo con el texto, se busca mejorar la eficiencia y estabilidad del sistema financiero internacional y permitir un crecimiento económico sostenido, incluyente y equitativo.
Los pueblos del mundo hemos hablado y decidimos que es hora de comenzar a trazar conjuntamente el camino ético, político y jurídico capaz de ponerle freno a la especulación desenfrenada, señaló el canciller argentino, Héctor Timerman, tras la votación.
Según Timerman, la resolución aprobada es el fiel reflejo de la relevancia y la urgencia que la clara mayoría de las naciones del mundo le asignan a una realidad que nos encuentra desprotegidos ante el uso y abuso que hacen los especuladores.
En ese sentido, el texto subraya que las crisis de deuda van más allá de lo económico y tienen serias consecuencias políticas, económicas y sociales en los países afectados.
La resolución de la Asamblea General establece que el proceso para crear un marco legal internacional para las reestructuraciones de deuda soberana debería completarse antes de fin de año.
Estados Unidos, que votó en contra del texto, defendió en la sesión que la creación del mecanismo que pide la resolución crearía incertidumbre en los mercados financieros” y podría cortar o dificultar las vías de financiación para los países.
La representante estadounidense defendió además que hay otros foros más apropiados para esta cuestión, una postura que compartió Italia en nombre de la Unión Europea (UE), que también cuestionó la, a su juicio, excesiva urgencia con la que se ha planteado el texto.
Los once votos que no apoyaron la resolución de ONU incluye a Estados Unidos; Reino Unido; Alemania; Japón; Canadá; Australia; República Checa; Finlandia; Hungría; Israel e Irlanda