Los 1,8 millones de personas que son víctimas de trabajo forzoso en América Latina y el Caribe generan ganancias anuales por 12.000 millones de dólares a sus explotadores, señaló este lunes la directora de la OIT para la región, Elizabeth Tinoco, durante la inauguración en Lima de una conferencia para luchar contra esa práctica.
La representante para América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reveló las cifras en la reunión de delegaciones de Brasil y Perú con el objeto de diseñar un proyecto de cooperación conjunta.
Funcionarios en administración de justicia, policía e inspección laboral participan hasta el viernes en la misión de prospección 'Cooperación Sur-Sur entre Brasil y Perú en el área de combate de trabajo forzoso', bajo la coordinación de la OIT y el apoyo de EE.UU.
Tinoco manifestó en la inauguración que el trabajo forzoso genera ganancias por 150.000 millones de dólares anuales, de los que la mayor parte, 99.000 millones de dólares, provienen de la explotación sexual comercial.
El Gobierno de Brasil reconoció oficialmente en 1995 la existencia del trabajo forzoso en el país y desde ese año hasta 2013 ha rescatado a más de 46.000 trabajadores de esa condición, según información del Ministerio brasileño de Trabajo y Empleo.
Tinoco indicó que en Perú se han identificado las prioridades y los sectores donde es necesario actuar con rapidez, como los de minería y tala de madera ilegal.
La viceministra peruana de Trabajo, Sylvia Cáceres, informó por su parte de que los funcionarios a cargo de la inspección del trabajo forzoso de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) serán capacitados para poder fortalecer su especialización y erradicar este problema en el país.
Cáceres dijo que Perú ha aprobado una directiva sobre prevención de trabajo forzoso en las agencias de empleo, ha creado un grupo especial de inspección de trabajo contra el trabajo forzoso y trabajo infantil, y ha impartido capacitaciones virtuales y presenciales a funcionarios y ciudadanos interesados.
El año pasado, Perú aprobó el Segundo Plan Nacional de Lucha Contra el Trabajo Forzoso 2013-2017, que plantea un sistema de atención integral a las víctimas rescatadas.
Por su parte, Brasil ha desarrollado los Grupos Especiales de Fiscalización Móvil, integrados por los inspectores de trabajo, los procuradores de trabajo y la Policía Federal, destacó la viceministra peruana.
Además, el gobierno brasileño promovió la firma del Pacto Nacional para la Erradicación del Trabajo Forzoso por parte de 400 empresas. La misión de prospección cuenta con el apoyo financiero del Departamento de Trabajo de Estados Unidos.
La OIT exhortó a los Estados a adoptar medidas concretas e inmediatas para abordar con medidas de disuasión las prácticas de trabajo forzoso y trata de seres humanos.