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Mujica propone que el caso 'fondos buitre' sea analizado por organismos políticos
El presidente uruguayo quebró una lanza por su vecina con la cual está pasando uno de varios períodos de conflicto El presidente de Uruguay José Mujica, pidió que la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que en definitiva obliga a Argentina a pagar a los llamados “fondos buitre”, sea revisado en instancias internacionales americanas, como la Unasur, la OEA o el Mercosur, porque es un problema para esos organismos.
“Hoy o mañana nos pueden hacer lo mismo a cualquiera, y me parece que estas cosas hay que llevarlas a los foros internacionales y empezar a asumir actitudes colectivas”, señaló el mandatario.
“Nosotros estamos muy preocupados por la decisión que se tomó por el tribunal americano con respecto a los fondos buitre que amenazan a Argentina. No es un problema de Argentina, es un problema nuestro. Estamos tratando de motorizar una reunión del Mercosur. América Latina tiene que considerar estas cosas”, aseguró en diálogo con una radio de Montevideo.
Para Mujica, el fallo desfavorable para Argentina “directamente pega a todos porque, si Argentina pasa por una coyuntura muy difícil, va a repercutir en el resto de los países que tienen relaciones económicas con ella”.
El mandatario reflexionó sobre la idoneidad de formular planteamientos colectivos de ese tipo “aunque las quejas parece que son hojas al viento”, ya que las mismas “empiezan a acumular conciencia en la medida que se van transmitiendo y transmitiendo”.
Mujica realizó las declaraciones en el marco del conflicto bilateral por la autorización de un aumento de producción a la planta de celulosa finlandesa de UPM, situada sobre el fronterizo río Uruguay, a la que Argentina se opone.
El pasado lunes, la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió rechazar la apelación presentada por Argentina para considerar la resolución del Juez Thomas Griesa, quien falló a favor de los fondos especulativos en el juicio contra el país.
Los fondos demandantes, compraron bonos argentinos a personas o entidades que no aceptaron canjearlos en las operaciones de reestructuración de deuda organizadas por el Gobierno después de la multimillonaria suspensión de pagos en que incurrió el país en 2001.
