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Transparencia en congreso de Brasil: fin al voto secreto para destitución de legisladores
Indignación de la opinión pública y las protestas de Junio forzaron el cambio en la votación secreta El Congreso brasileño aprobó el fin del voto secreto en las votaciones que se decidan para la destitución de parlamentarios, en una iniciativa que pretende impedir que los legisladores se escuden en el anonimato para proteger a colegas corruptos.
El texto legal, que también acabó con el secreto en las votaciones en las que se analicen los vetos del jefe de Estado a leyes, tendrá que ser analizado de nuevo por la Cámara de los Diputados debido a las enmiendas que introdujo hoy el Senado.
El principal punto de la enmienda constitucional acabó con las votaciones secretas en las sesiones de destitución de parlamentarios, con lo que atiende a una demanda emanada de las protestas multitudinarias del pasado junio.
El pasado agosto, en una votación secreta, la Cámara de los Diputados mantuvo el escaño del diputado Natan Donadon, que cumple condena de cárcel por corrupción.
Esa sesión fue anulada un día después por el presidente de la Cámara de los Diputados, Henrique Eduardo Alves, debido al escándalo que se generó en la opinión pública brasileña.
La Cámara de los Diputados está aguardando a la promulgación de la enmienda constitucional antes de votar si cesa o no al diputado oficialista José Genoino, condenado por corrupción en el llamado “juicio del siglo”, que se refiere a corruptelas en el primer mandato de Lula da Silva.
La reforma constitucional también afecta a las votaciones de los vetos presidenciales a proyectos legislativos, que a partir de ahora serán votados de forma nominal.
Sin embargo, se mantuvo el anonimato de los legisladores en las sesiones en las que se elijan a los miembros de la Mesa Directora de la Cámara y del Senado y en las que se aprueben o rechacen los cargos públicos nombrados por el presidente.
El jefe de Estado tiene la prerrogativa de nombrar los magistrados del Supremo Tribunal Federal, el fiscal general del Estado y a los presidentes de las empresas estatales y las agencias reguladoras, pero todos ellos tienen que ser refrendados por el Legislativo.
El Senado también rechazó una enmienda que habría extendido las votaciones públicas a los órganos legislativos regionales y municipales.
