Las autoridades venezolanas anunciaron este viernes que Fernando Martínez Mottola, uno de los seis solicitantes de asilo en la que fuera Embajada de Argentina en Caracas ahora custodiada por Brasil tras la ruptura diplomática, se presentó voluntariamente el jueves ante el Ministerio Público y declaró sobre un grupo de miembros de la organización extremista Vente Venezuela que se encuentran prófugos.
Vente Venezuela es el partido de la líder opositora María Corina Machado, de la que seis miembros buscaron refugio a principios de año en la misión de Argentina, donde se les concedió asilo pero el régimen bolivariano les negó el salvoconducto para llegar al aeropuerto.
Este mencionado ciudadano fue puesto a la orden de la justicia y rindió declaración en la Fiscalía sobre los graves hechos violentos, conspirativos y desestabilizadores organizados desde la referida sede diplomática durante los últimos meses, luego de las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio, prosigue un comunicado del Gobierno chavista.
Martínez Mottola decidió colaborar activamente con la justicia venezolana, en el marco del debido proceso previsto en el artículo 49 de la Constitución de la República, mencionó también el documento publicado en Instagram.
Martínez Mottola era asesor de la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) del diplomático retirado Edmundo González Urrutia, quien se vio obligado a exiliarse a España tras afirmar que había ganado las elecciones del 28 de julio contra el anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE) de que el actual mandatario Nicolás Maduro había sido escogido para otro mandato de cinco años a partir del próximo 10 de enero. Ex ministro de Transporte y Comunicaciones del ex presidente Carlos Andrés Pérez, Martínez Mottola fue también titular de la empresa estatal de comunicaciones Cantv.
Desde el 23 de noviembre, la antigua embajada argentina fue sitiada por tropas progubernamentales. Además, se cortaron todos los suministros de electricidad y agua. El régimen de Caracas ha hecho oídos sordos a las peticiones de 13 países, entre ellos Estados Unidos y Argentina, para que permita a los disidentes abandonar el país. Pedro Urruchurtu, Magali Meda, Omar González, Claudia Macero y Humberto Villalobos permanecían este viernes en el interior de la misión.
El 8 de diciembre, la crisis diplomática entre Caracas y Buenos Aires alcanzó otro nivel cuando un suboficial de la Gendarmería Nacional argentina fue detenido mientras intentaba ingresar Venezuela, acusado de espionaje. Alegó que su viaje era de carácter personal para visitar a su pareja y a un hijo en común.
Según el diario colombiano El Tiempo, Maduro ofreció al gobierno libertario de Javier Milei permitir la salida de los cinco refugiados a cambio de la dirigente social Milagro Sala. El medio citó como fuente al canciller colombiano Luis Gilberto Murillo. De hecho, Murillo dijo que Maduro pidió la liberación del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, actualmente detenido en Guayaquil tras la incursión policial en la embajada de México donde se refugiaba, y de una persona muy cercana al gobierno venezolano presa en Argentina. Según El Tiempo, esa persona sería Sala, quien permanece bajo arresto domiciliario en la norteña provincia de Jujuy cumpliendo una condena de 13 años.
También el viernes, Vente Venezuela denunció que funcionarios militares dispararon contra presos políticos en la cárcel de Ramo Verde. La abogada y activista de derechos humanos Tamara Sujú compartió imágenes y videos del incidente en redes social. Denunció al menos tres heridos por arma de fuego en el anexo A del penal y destacó que en el operativo participaron funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y de la Guardia Nacional Bolivariana. Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 1.877 presos políticos, de los cuales 1.715 son civiles y 162 militares.