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USA: Condoleezza Rice, acusada de haber autorizado torturas

Viernes, 24 de abril de 2009 - 07:17 UTC

Hace sólo 48 horas que el presidente norteamericano, Barack Obama, autorizó la difusión de documentos reservados sobre el uso de torturas para interrogar a prisioneros durante el gobierno de George W. Bush.

Y, desde entonces, las revelaciones caen como en catarata. Así, en una reacción inesperada, empezó a crecer el clamor social para que las responsabilidades se investiguen judicialmente. Algo que, todavía, si bien avanza como posibilidad, no está claro que vaya a ocurrir.

Ayer le tocó el turno a la ex secretaria de Estado y ex mano derecha de Bush, Condoleezza Rice, que fue señalada por el Senado como la, hasta ahora, "primera responsable" en las autorizaciones para el uso de torturas en los interrogatorios a sospechosos de terrorismo.

El Senado determinó que en mayo de 2002, en la misma época en que, como consejera de Seguridad Nacional, mostraba un costado sensible al dar conciertos de piano, Rice autorizó la utilización de la asfixia simulada, conocida como "submarino", en el interrogatorio en prisión a sospechosos de "terrorismo internacional".

Y lo hizo cuatro años antes de que, en 2006, el gobierno de Bush emitiera un muy controvertido andamiaje jurídico con el que declaró "legal" el uso de la tortura. Rice, quien ayer guardaba silencio, quedó muy expuesta con semejante paso.

Mientras el escándalo crece, todo se debate. Hay quienes cuestionan a Obama por su decisión de revelar los documentos secretos. "Es antipatriótico", dicen algunos. "Esto se convertirá en una caza de brujas", cuestionó el senador republicano John McCain. "No se puede criminalizar a quienes dieron un consejo legal", intentó justificar el ex rival de Obama.

Otros culpan al mandatario por apuntar hacia quienes dieron la orden de torturar y amparar, en un mismo paso, a quienes la ejecutaron.

"El presidente quiere mirar hacia el futuro y no hacia el pasado", argumentó el vocero de Obama, Robert Gibbs. Claro que, destapado el geiser, parece difícil ponerle freno. "Los torturadores también deben ser investigados", clamaba ayer Roger Simons, un reconocido analista político.

Los dos jefes demócratas del Congreso, el senador Harry Reid y la diputada Nancy Pelosi, discreparon sobre la conformación de una comisión investigadora. "Desde mi perspectiva, sería muy poco sabio empezar con comisiones, tribunales, consejos, etcétera, hasta que no sepamos cómo fueron todos los hechos", dijo Reid.

Pero Pelosi piensa exactamente lo contrario. Y fue de las primeras en plantear la necesidad de formar una "comisión de la verdad" que investigue el trato a los prisioneros bajo el mandato de Bush.

Los republicanos están que arden. "Esto tendrá un efecto negativo en la tarea de nuestros agentes de inteligencia" que "se juegan el pellejo en todo el mundo", dijo el jefe del bloque republicano en la Cámara de Representantes, John Boehner.

"Lo de Obama es muy desafortunado. Dudo de que esto contribuya a que Estados Unidos sea un lugar seguro", añadió.

Las evidencias suenan todo el día en los medios. Con truculentos detalles, se sabe ahora lo que siempre se sospechó: que Bush autorizó otras "técnicas de humillación", como el obligar a los detenidos a permanecer desnudos, golpearlos en la cara y el abdomen, privarlos del sueño, someterlos a "posiciones estresantes", a luces intensas, a temperaturas extremas y a manipular su alimentación.

Las torturas se aplicaban, sobre todo, en la prisión de Guantánamo, donde, por orden de Bush, iban a parar los acusados de terrorismo. Son personas sin proceso y sin juicio.

En sus primeros días de gestión, Obama anunció el cierre de Guantánamo. Pero la prisión aún sigue funcionando y, según los organismos de derechos humanos, sus internos siguen sin proceso judicial alguno, mientras se negocia su traslado a otros países de Occidente.

Rice no es la única funcionaria del gobierno de Bush señalada por la violación de derechos humanos. Lo mismo ocurre con el ex vicepresidente Dick Cheney, con el ex secretario de Defensa Donald Rumsfeld y con el propio Bush. Pero Rice fue, hasta ahora, la primera encontrada "responsable" de una autorización de tortura. Y queda claro que lo hizo mucho antes de que el secretario de Justicia de Bush elaborara un muy discutido andamiaje jurídico para dar carácter "legal" al maltrato humano.

En efecto, la CIA fue autorizada a utilizar la tortura el 26 de julio de 2006, cuando el entonces secretario de Justicia, John Ashcroft, concluyó que "la simulación de ahogamiento era legal". Rice, sin embargo, había emitido su autorización cuatro años antes. Y eso es lo que la deja más expuesta aún, de acuerdo con un informe elaborado por la comisión de Inteligencia del Senado.

El otro gran debate que empieza a perfilarse es hasta dónde llegan las responsabilidades. Se sabe que en la administración de Obama no hay intención de perseguir a quienes ejecutaron una política sino a quienes la planificaron.

Dicho en términos familiares para la Argentina, la idea sería la aplicación de una figura parecida a la de "obediencia debida", luego dejada sin efecto por la Corte Suprema argentina. De hecho, el secretario de Defensa, Robert Gates, opinó que los agentes de la CIA que torturaron a sospechosos de terrorismo no deben ser llevados ante la Justicia. "Lo que más me preocupó [de la publicación de informes detallando la forma en que se interrogó a los prisioneros] es la protección de los agentes de la CIA implicados en estos interrogatorios, que actuaron conforme a las directivas jurídicas del departamento de Justicia", afirmó.

"Sentí que era importante protegerlos contra todo tipo de demanda legal", agregó. Gates dirigió la CIA durante dos años, entre 1991 y 1993.

Obama autorizó la semana pasada la publicación de documentos secretos de la CIA. La difusión de esa información abrió un difícil debate en la sociedad norteamericana. El presidente ha estado bajo fuerte presión de su propio partido para que no descarte enjuiciar de algunos de los altos funcionarios que justificaron esos procedimientos. La Nación

Categorías: Política, Estados Unidos.