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Miércoles, 21 de noviembre de 2018 - 20:24 UTC

Países de la región seguirán acogiendo venezolanos, pero exigen que Maduro acepte ayuda internacional

Miércoles, 5 de setiembre de 2018 - 08:55 UTC
La cita de dos días y en la que participaron 13 países, concluyó con la “Declaración de Quito sobre movilidad humana de ciudadanos venezolanos en la región” La cita de dos días y en la que participaron 13 países, concluyó con la “Declaración de Quito sobre movilidad humana de ciudadanos venezolanos en la región”
Se comprometen a “continuar trabajando de manera individual y cooperar según cada país lo estime adecuado y oportuno”. Foto: Venezolanos en Montevideo, Uruguay - Sebastián Astorga. Se comprometen a “continuar trabajando de manera individual y cooperar según cada país lo estime adecuado y oportuno”. Foto: Venezolanos en Montevideo, Uruguay - Sebastián Astorga.

Un grupo de once países latinoamericanos reunidos en Quito para tratar la crisis migratoria de Venezuela, manifestó este martes su compromiso para seguir acogiendo personas de ese país, al mismo tiempo que emplazaron al Presidente Nicolás Maduro a que acepte ayuda internacional para paliar este conflicto.

La cita, que duró dos días y en la que participaron 13 países, concluyó con la publicación de la llamada “Declaración de Quito sobre movilidad humana de ciudadanos venezolanos en la región”. El documento fue suscrito por los representantes de los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. No firmaron República Dominicana, que actuó como país garante, y Bolivia, que declinó dar su aprobación al texto.

En el documento, que consta de 18 puntos, los países destacaron “los esfuerzos emprendidos por los Gobiernos de la región para acoger adecuadamente a los ciudadanos venezolanos en situación de movilidad humana”. En esa línea, se comprometieron a “continuar trabajando de manera individual y cooperar según cada país lo estime adecuado y oportuno”, considerando aspectos como la asistencia humanitaria, acceso a mecanismos de permanencia regular, combate a la trata de personas, lucha contra la violencia sexual y de género y rechazo a la discriminación y xenofobia, entre otros.

Todo esto “en concordancia con las legislaciones nacionales y los instrumentos internacionales y regionales aplicables” y pensando en “continuar trabajando en la implementación de políticas públicas destinadas a proteger los derechos humanos de todos los migrantes en sus respectivos países, en concordancia con las legislaciones nacionales y los instrumentos internacionales y regionales aplicables”.

En este sentido, los once países acordaron reconocer “la importancia de la cooperación técnica y financiera” para atender los flujos migratorios de los venezolanos, enfatizando que dicha colaboración ”se incremente sustancialmente (...) y se dirijan a los sectores priorizados por cada Estado, a fin de que éstos puedan incrementar sus acciones y programas hacia la regularización migratoria“.

Aunque también reconocieron que ”un volumen considerable de migración pendular y en tránsito, requiere del apoyo y la cooperación regional para el fortalecimiento de medidas para Colombia, dada su condición limítrofe con Venezuela, así como para Ecuador y Perú, dado que se genera un corredor migratorio hacia esos dos países“.

Los Estados firmantes también se comprometieron a ”acoger los documentos de viaje vencidos como documentos de identidad de los ciudadanos venezolanos para fines migratorios“, de acuerdo a la legislación nacional de cada país. No obstante, emplazaron al Gobierno de Nicolás Maduro a que tome ”de manera urgente y prioritaria“ las medidas necesarias para la provisión oportuna de documentos de identidad y de viaje de los venezolanos, como cédulas de identidad, pasaportes o certificados de nacimiento, matrimonio y de antecedentes penales.

Por otro lado, manifestaron su compromiso de proveer a los migrantes venezolanos el acceso a servicios de salud y educación públicas y a las oportunidades en el mercado laboral, asimismo como garantizar el acceso a los sistemas de justicia. Además, exhortaron al Gobierno de Venezuela a que ”acepte la cooperación de los gobiernos de la región y de los organismos internacionales, con el fin de atender la situación de sus respectivas comunidades establecidas” en el país.

Tras esta cita, los países firmantes acordaron reunirse nuevamente el mes de noviembre en la ciudad de Quito, con el objetivo de tratar nuevamente la crisis y dar seguimiento a los compromisos adoptados en la declaración.