MercoPress, in English

Domingo, 19 de noviembre de 2017 - 06:27 UTC

Bajo el manto de la Ley contra el Odio, Maduro criminaliza la libre expresión

Sábado, 11 de noviembre de 2017 - 10:08 UTC
La ley espera ser “una referencia en el mundo” declaró luego de la aprobación la presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez La ley espera ser “una referencia en el mundo” declaró luego de la aprobación la presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez

La imaginación chavista no tiene límites. En vida de Hugo Chávez se creó el ministerio de la Felicidad, del cual nunca más se habló, y ahora su sucesor Nicolás Maduro hizo aprobar la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, una forma burda de limitar la libertad de expresión, de pensamiento y de prensa.

 La ley aprobada por la sumisa Asamblea Constituyente criminaliza la disidencia porque establece penas severas, de entre 10 y 20 años de prisión, contra todo lo que consideren como una incitación al odio. Un concepto bastante amplio y ambiguo que puede incluir el corte de vías de comunicación, conocidas en Venezuela como guarimbas, los escraches, las manifestaciones políticas, una fotografía impactante en la tapa de un diario e incluso los trinos de los influencers y medios digitales que se viralicen en las redes sociales.

Después de superar entre abril y agosto cuatro meses de protestas, que dejaron más de 150 muertos y centenares de heridos, el régimen dice estar embarcado en la promoción de la paz y la estabilidad de Venezuela con la Constituyente como buque insignia.
En esa batida de la llamada “Ley del Odio” también podrían caer los partidos políticos, porque la norma promete proscribirlos si “promueven el fascismo” y no adecúen sus estatutos al texto legal, los medios de comunicación que transmitan “propaganda y mensajes que constituyan incitación a la discriminación, la intolerancia o la violencia”, y los usuarios de las redes sociales.

El régimen ha sido particularmente explícito con las cuentas de los medios digitales y ha advertido que los portales serán bloqueados si no se ajustan a las nuevas disposiciones.
El origen de esta disposición, que espera ser “una referencia en el mundo”, como declaró, luego de la aprobación, la presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez, está en las “funas” sufridas por los funcionarios del régimen durante las manifestaciones de hace seis meses.

Entre abril y agosto se viralizaron escenas que mostraban los airados reclamos de furibundos opositores contra ellos y sus familiares en todo el mundo. Les decían asesinos y los responsabilizaban de la crónica falta de alimentos y medicinas que acogota al país desde 2014. Ocurrió en Caracas con la rectora del Consejo Nacional Electoral, Socorro Hernández; en un avión que aterrizaba en el aeropuerto internacional de Maiquetía con Alfredo Serrano Mancilla, el principal asesor económico de Maduro, a bordo; pero también en Ciudad de México con Jorge Rodríguez, alcalde del centro oeste de Caracas, y su familia; en Madrid con el embajador de Venezuela en España, Mario Isea; y en Nueva York con el canciller Jorge Arreaza y el embajador Rafael Ramírez.

Apenas el texto se publique en Gaceta Oficial los vergonzosos episodios vividos por la jerarquía chavista serán sólo el mal recuerdo de una época en la que se sentían confinados. La ley establece las bases para liquidar la protesta ciudadana e inaugura una etapa incierta y oscura para la oposición política, la prensa independiente y las organizaciones no gubernamentales.

Categorías: Política, Venezuela.