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Las protestas callejeras, prueba de un descontento real y legítimo

Jueves, 13 de marzo de 2014 - 11:06 UTC
Henrique Capriles Henrique Capriles

Por Henrique Capriles (*) “Todos somos Venezuela”
Durante los últimos meses, Venezuela fue noticia en el mundo por la crisis económica, social y política que atraviesa.

 La televisión y las redes sociales transmitieron imágenes de miles de venezolanos que salieron a las calles para manifestar su descontento con un gobierno incapaz de atender las necesidades del pueblo. El gobierno respondió con una brutal represión, y las víctimas ya alcanzan 22 muertos, miles de heridos, decenas de torturados y centenares de detenidos, mientras el país entero está sumido en una profunda inestabilidad.

Las causas de estas protestas no son banales ni ficticias, como el gobierno intenta hacerle creer al mundo, pues no es banal ni ficticio el acelerado deterioro de las condiciones sociales y económicas del país.

Venezuela está viviendo la peor crisis económica de su historia. La tasa de inflación anual alcanzó el 56%. La escasez de productos alcanzó en enero de este año su máximo histórico, y conseguir productos como leche, harina, azúcar, e incluso papel higiénico, se volvió una odisea cotidiana. El valor de nuestra moneda sufrió una serie de devaluaciones continuas. Y, además de todo, en 2013 hubo alrededor de 25.000 homicidios, de los cuales el 93% quedaron impunes.

En estas condiciones, es natural que los venezolanos, y particularmente nuestros estudiantes, hayan decidido demostrar que están inconformes. Y ahora, cuando al ya sombrío panorama se suman la represión, la censura y otras violaciones que cometió el gobierno, está claro que al pueblo no le faltan razones para salir a las calles a decirle al gobierno de Nicolás Maduro: basta.

La persistencia de las protestas deja en claro que el gobierno no fue capaz de darle al pueblo las respuestas que demanda. El pueblo pide soluciones para sus problemas de inseguridad, de escasez y de inflación, pide el cese de la represión y de la censura. Lo que el pueblo pide es un cambio en Venezuela, pero el gobierno de Maduro se niega a escuchar el clamor de los venezolanos.

En lugar de escuchar, Maduro opta por catalogar a los manifestantes como fascistas, terroristas y asesinos, para así desestimar el reclamo de miles de venezolanos sin considerar que no sólo descalifica a una gran parte del país, sino que promueve aún más el conflicto.

El discurso de Maduro, además, enfatiza supuestas conspiraciones por parte del “imperialismo americano” y actuaciones de supuestos mercenarios en su contra. Así, busca no tener que asumir su propia responsabilidad en la crisis. Es vergonzoso cómo el gobierno habla de teorías conspirativas e ignora por completo la represión en contra de los manifestantes perpetrada por los cuerpos de seguridad del Estado y por grupos de paramilitares armados por el propio gobierno.

Maduro optó también por hacer llamados irresponsables al enfrentamiento. Cuando se cumplió un año del fallecimiento del presidente Hugo Chávez, ordenó a grupos paramilitares disolver las manifestaciones legítimas. “Candelita que se prenda, candelita que se apaga”, dijo Maduro a estos grupos armados que amedrentan a los venezolanos.

El presidente y su gobierno insisten, además, en distraer la atención de los problemas del país, restringiendo la actuación de los medios de comunicación y transmitiendo cadenas de radio y televisión que no reflejan la realidad que vive el país.

Es evidente que la solución de la crisis actual debe empezar por el diálogo. Pero diálogo no es sólo invitar a otro a que escuche lo que el gobierno tiene que decir; es que el gobierno se comprometa a escuchar y rectificar. Si no hay compromiso, no puede haber diálogo.

Para que el diálogo sea sincero y efectivo, Maduro debe reconocer y respetar a los venezolanos que no están de acuerdo con sus políticas. Todos los venezolanos, independientemente de su color político, merecen un gobierno que los escuche. El gobierno de Maduro debe ser capaz de admitir que el descontento en las calles es real y legítimo.

En manos del gobierno está empezar a optar por acciones que demuestren su voluntad para solucionar la crisis que vivimos: la libertad a los estudiantes detenidos y presos políticos; el desarme de los grupos paramilitares promovidos por el gobierno, que intimidan y amedrentan a los ciudadanos; exigir a la Guardia Nacional Bolivariana el cese de la represión y eliminar la censura.

La solución a la profunda crisis que atraviesa el país también necesita que trabajemos unidos para dar prosperidad y tranquilidad a nuestra nación. Entre otros pasos, el esfuerzo privado debe ser tomado en cuenta para poder incrementar la producción nacional de la mayoría de los bienes que se importan. Asimismo, es indispensable renovar la confianza de los ciudadanos en nuestras instituciones, eligiendo sin ninguna afiliación política a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que tienen su período vencido, y a los rectores del Consejo Nacional Electoral, como lo establece la Constitución. Por último, es necesario sacar la política y al gobierno cubano de las fuerzas armadas.

Nos tomó años construir una alternativa; el camino es largo, pero debe ser uno constitucional. Nuestro pueblo no puede continuar por la misma senda de deterioro de la situación económica y política. Debido a esto, planteamos la participación de un mediador independiente, que pueda llevar a los dos grupos a una mesa de trabajo y discusión. La Iglesia Católica puede asumir ese rol y ayudar en la reconciliación de la ciudadanía y en la construcción de una Venezuela unida. La comunidad internacional debería ayudar al gobierno a entender la importancia de un diálogo sincero y efectivo, que no se convierta en un simple show como hasta ahora. Instamos al gobierno a tomar en serio la posibilidad de un diálogo verdadero, con una oposición dispuesta a discutir los graves problemas del país y un pueblo que pide cambio.

(*) Henrique Capriles es el principal referente de la oposición venezolana y en unas muy discutidas elecciones perdió por una mínima diferencia la presidencia de Venezuela, en diciembre pasado.